LA INMIGRACIÓN, PROBLEMA O SOLUCIÓN?
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EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL DERECHO DE FAMILIA
noviembre 11, 2020
A raíz del Estado de Alarma que se instauró en España entre los meses
de marzo a junio del presente año, la sede electrónica de las Administraciones
Públicas anunció la suspensión del servicio de citas previas para trámites de
extranjería, lo cual se aplicó también a las comisarias de policía, en las que se
realiza la toma de huellas para la expedición de la Tarjeta de Identidad de
Extranjero (el comúnmente llamado TIE).
Esto ocasionó una paralización de todos los trámites de extranjería que
se encontraban pendientes y, al reanudar las actuaciones una vez levantado el
Estado de Alarma en el mes de junio, supuso un importante retraso que, aún a
día de hoy, acarrea la Administración.
Han transcurrido ya varios meses desde entonces, pero la situación no
ha mejorado, deviniendo insostenible, tal y como se ha hecho eco incluso el
propio Defensor del Pueblo, que recientemente ha advertido de que los medios
materiales y humanos a disposición de las Administraciones son insuficientes
ante la avalancha de solicitudes de asilo y de trámites relacionados con el
régimen general de extranjería que también se realizan en dependencias
policiales, tales como la expedición de tarjetas de identidad de extranjeros,
autorizaciones de regreso o cartas de invitación.
Si bien desde la Institución de la Policía Nacional se intenta dar
cobertura a todas las necesidades de los ciudadanos extranjeros, es un hecho
que les resulta físicamente imposible abarcar la ingente carga de trabajo que, si
ya antes del Estado de Alarma era excesiva, ahora ha acabado por ser
desbordante. Se pone así de manifiesto un problema que ya existía y que, con
la paralización de los trámites administrativos, se ha visto agravada.
Pero, lo que es más preocupante es que, así las cosas, los propios
abogados especialistas en extranjería (o extranjeristas), se ven desamparados
y faltos de medios para dar salida a los asuntos que les plantean sus clientes.
Tal es la preocupación entre los profesionales de la abogacía que algunos de
los Colegios de Abogados han tomado medidas al respecto, como es el caso
del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, que ha optado finalmente por
reunirse con la Brigada de Extranjería y Documentación, así como con los
responsables de la Policía Nacional en esta materia para tratar de lograr
acuerdos que supongan habilitar más citas para los clientes que las necesiten,
conscientes del malestar e impotencia que la situación actual les supone,
frustrando sus planes de futuro en su totalidad. Y es que, como es bien sabido, frente a la Administración Pública, poco
puede hacerse.
No obstante, otra consecuencia que está trayendo esta coyuntura es que
las propias Administraciones Públicas están viéndose obligadas a ser más
flexibles y laxas en sus interpretaciones, habitualmente estrictas, de los casos
de incumplimiento de plazos o de requisitos en los expedientes de extranjería,
debido a que han sido sus propias instituciones las que no han realizado
trámites necesarios y han causado caducidades, han obstaculizado la
obtención de documentos o han provocado dilaciones injustificadas.
Lo cual, si bien no puede considerarse directamente un beneficio, sí que
puede, en ocasiones, resultar ventajoso para los ciudadanos extranjeros, en
tanto en cuanto se está atendiendo por parte de la Administración de manera
más benévola a las circunstancias excepcionales de cada persona.
Un ejemplo de lo cual es que, en los últimos tiempos, se está dando por
válida la resolución administrativa en la que se resuelve conceder una
autorización de residencia, sin necesidad de contar con la Tarjeta de Identidad
de Extranjero en sí misma, ya que la propia Administración es consciente de
que, si el extranjero no cuenta con la Tarjeta física es, ni mas ni menos que
porque sus propios organismos no le han dado cita para expedirla. Y, como
este supuesto ejemplificativo podemos encontrar otros muchos, que muestran
que, por suerte, la Administración no es un ente estático y anquilosado, sino
que avanza y se adapta a los tiempos y a las circunstancias de los ciudadanos.
En línea con ello, y comprobado que no se trata de una dificultad nueva,
sería lo más deseable que, aprovechando que se ha dado a conocer esta
situación a causa del Estado de Alarma, se pusiera una solución que terminase
definitivamente con este problema. Ya que, al igual que, debido al COVID-19,
se ha pasado de las citas presenciales a las citas telemáticas y
obligatoriamente previas, es posible que se pongan en marcha mecanismos,
igualmente novedosos, que agilicen los trámites y salven los obstáculos que
todavía existen para la resolución de los expedientes de extranjería.
Porque, como se ha evidenciado, cuando la situación lo exige, es posible
y existen medios para solventar cualquier traba, lo único que se necesita es la
suficiente voluntad de cambio.
Esto trae como consecuencia que los ciudadanos extranjeros se hallen indefensos ante la cantidad de trabas con las que se encuentran al tratar de regularizar su situación, ya que no son capaces de solventar las situaciones por sí mismos.
