La Unión Europea se ha enfrentado en los últimos años a una situación de emergencia social sin precedentes. Mientras la población local envejece y los efectos de la crisis económica tardan en desaparecer, miles de inmigrantes buscan vivir en Europa – casi siempre jóvenes que pueden y desean trabajar – que traen consigo sus esperanzas por un mundo mejor pero al mismo tiempo, pone nuevos desafíos a las economías europeas.
Según datos de Eurostat, el número de las personas que viven en países de la Unión Europea sin tener la nacionalidad de ninguno de estos países, es de 21,6 millones, es decir el 4,2 por ciento de toda la población de la Unión. Estas mismas estadísticas, indican que el número más grande de extranjeros que no son nacionales de la Unión se encuentra en Alemania donde viven 9,2 millones de personas, siguen Inglaterra con 6,1 millones, Italia con 5 millones, Francia con 4,6 millones y España con 4,4 millones. La suma de las personas no nacionales de la Unión que viven en los países mencionados representa el 76 por ciento del numero total de extranjeros sin nacionalidad europea que viven en la Unión.
Son muchas las causas que obligan a las personas a enmigrar, todas muy complejas y que no pueden ser solucionadas con la acción de un solo país de acogida.
Los países más desarrollados, tienen parte de responsabilidad en estas causas, por el hecho de haber ignorado las necesidades de los países menos desarrollados, que afectados, por las guerras, terrorismo, dictaduras y desastres naturales, que tienen a sus pobladores viviendo o sobreviviendo -bajo el umbral de la pobreza, con hambre, sin acceso a los servicios básicos para sobrevivir, sin libertad e igualdad, sin democracia, perseguidos por su género, orientación sexual y religión, sin educación y sin posibilidad de contar con una sanidad pública y accesible a todos -, así como por la circunstancia, de que el enriquecimiento de los países desarrollados a lo largo de los últimos siglos ha sido posible precisamente gracias a la aplicación de políticas orientadas a la explotación de recursos de países más pobres y a la implementación de teorías económicas liberales, no transparentes y no controladas.
Hoy en día es sobre todo la Unión Europea quien sufre las consecuencias de estas políticas, viéndose obligada a sufragar gastos importantes para afrontar la crisis de los migrantes, tanto para organizar su acogida y garantizarles acceso a servicios básicos y facilitar su integración social y laboral, que sin embargo, a largo plazo será beneficioso para una Europa que tiene un alto índice de población mayor y también, repercutirá en el crecimiento de la natalidad, cada vez más escaso.
El fenómeno migratorio no es nuevo, ha sido y es una constante en la historia de la humanidad, en España en particular, no debe ser un problema para frenar la crisis económica, debe ser un reto para organizarnos mejor, controlar los flujos migratorios de forma respetuosa con los derechos humanos de los migrantes y con sus expectativas de vida. Al mismo tiempo, es necesario que nuestros gobernantes -tanto de la Unión Europea y en toda la comunidad internacional- pongan en práctica una estrategia común de acogida e implementen políticas públicas e inversión económica, destinadas a garantizar un desarrollo de los países más pobres que tenga en cuenta sus libertades y dignidad.
